La Guardia Civil ha desarrollado la operación OPSON IX contra el fraude agroalimentario, en ella se han intensificado los controles contra la falsificación, venta, etiquetado, comercio, distribución ilegal o el adulterado de productos alimenticios y fraude económico.

Esta operación de alta intensidad ha sido coordinada por EUROPOL y liderada en España por la Guardia Civil, en ella han sido realizados  cerca de 3000 controles e inspecciones en centros de distribución, almacenes, superficies comerciales, medios de transporte, contenedores y depósitos fiscales, puertos y aeropuertos. Se han detectado más de 900 infracciones administrativas y 23 infracciones penales, con un balance de 19 personas detenidas y 40 investigadas, a los que se les imputan delitos contra la salud pública, falsedad documental, contra los consumidores y estafa.
 

Fraude durante el Estado de Alarma
 
Durante el primer semestre del 2020, pese a la vigencia del estado de alarma y la situación de la pandemia en Europa, se ha intensificado la vigilancia de la Guardia Civil sobre la amenaza que supone el fraude agroalimentario y en la que se destaca la elaboración y distribución de productos falsificados o de baja calidad, que influye directamente en el mercado de los consumidores.
 
Han sido detectados formas de fraude muy diversas como la falsificación de documentos sobre lechazo de origen francés que se vendía con indicación geográfica protegida de Castilla y León, la elaboración de vinos y mostos adulterados con azúcares o la distribución a nivel nacional de pizzas desde un local que no contaba con las condiciones higiénicas sanitarias obligadas.
 
Colaboración Internacional
 
Este año han participado 83 países en la novena edición de la operación OPSON, aumentando cada año el número de países involucrados (78 países en 2019). En este operativo han participado miembros de Policía, Aduanas, así como Organismos públicos y privados en material de control de alimentos.
 
Se ha detenido a más de 400 personas a nivel europeo y se ha llegado a estimar un fraude económico de más de 28 millones de euros, con una retirada de hasta 5000 toneladas de alimentos.

 

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