^{Montse Cortiñas. Vicesecretaria general de UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos)}

En las últimas semanas, el debate sobre los cambios en la Ley de la cadena alimentaria ha despertado un gran interés. Las sesiones en el Congreso de los Diputados, con los representantes de toda la cadena agroalimentaria compareciendo ante sus señorías, han supuesto un ejercicio de transparencia con pocos precedentes. Y tanto los acontecimientos políticos y sociales de los últimos años, como las tendencias empresariales y de consumo, nos demuestran que la transparencia es una variable más que necesaria, imprescindible.

Yo tuve el honor de comparecer, representando a la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos y a nuestros 80.000 afiliados y afiliadas en toda España. Y lo hice con el honor de que el campo sea escuchado en el edificio más sagrado de nuestra democracia, y con el convencimiento de que el poder legislativo puede contribuir, y de hecho lo está haciendo, a resolver el que es el mayor problema de los agricultores y ganaderos españoles en los últimos años.

Ese problema no es otro que la falta de precios justos para nuestros productos. Una falta de remuneración que ahonda sus raíces en los procesos de concentración de industrias y distribución en las últimas décadas y en las prácticas abusivas de muchos agentes de la cadena alimentaria que han buscado su propio beneficio sin importarles nada más.

Los nuevos cambios en la Ley vienen a decir basta a esos abusos que han provocado la ruina de miles de agricultores y ganaderos y la destrucción de valor en toda la cadena. Unos cambios que han logrado el consenso unánime de las organizaciones profesionales agrarias del país, así como un apoyo parlamentario mayoritario en los trámites que se han ido produciendo.

No es habitual que unas medidas despierten un consenso tan mayoritario, pero tampoco es extraño que surjan voces que expresen sus dudas o incertidumbres sobre tal o cual aspecto. Es algo consustancial al debate público que debe imperar en toda democracia. No obstante, en UPA estamos convencidos de que esos temores irán despejándose con el tiempo, como el que está suscitando el asunto de cubrir los costes de producción.

Proteger al eslabón más débil cubriendo sus costes

Nosotros creemos que esta Ley será muy positiva para la cadena agroalimentaria española en su conjunto, y muy especialmente para el eslabón más débil: el formado por el millón de agricultores y ganaderos que sustentan el resto de la cadena, incluyendo a la potente industria alimentaria.

Los agricultores y ganaderos hemos aguantado, en muchos casos al límite de la supervivencia, pero ha llegado la hora de decir basta. Ningún sector puede pervivir durante años sin obtener una mínima rentabilidad por su trabajo. La Ley garantiza que nadie venda un producto por debajo de su coste, una práctica destructiva y perniciosa que debe desaparecer.

Ha llegado el momento también de prohibir la venta a pérdidas en el punto final de la cadena, en la venta al público. La utilización de los alimentos como reclamo a los consumidores provoca un gran perjuicio y la norma debe ser firme impidiendo estas prácticas. Y más ante la inminente irrupción de plataformas de distribución, con domicilio fiscal lejano, en la comercialización de productos alimentarios.

La cadena agroalimentaria tiene un gran futuro por delante. Un futuro en el que todos y todas somos necesarios. Un futuro de progreso que deberá ser sostenible a todos los niveles: medioambiental, social y económicamente hablando. No nos cansamos de decirlo: solo con precios justos habrá futuro para el campo. Es lo lógico y es lo justo. Ahora la Ley nos ayudará a conseguirlo.