En el número 496 de Revista Alimentaria, del pasado mes de septiembre, analizábamos sucintamente el contenido del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/775, de la Comisión Europea, relativo al etiquetado de origen de los alimentos, que desarrolla el artículo 26 del Reglamento 1169/2011, de información alimentaria facilitada al consumidor, relativo al “país de origen o lugar de procedencia”.

La medida, acordada con casi cinco años de retraso por la Comisión Europea en el marco del citado Reglamento 1169/2011, de información alimentaria facilitada al consumidor, básicamente impone a partir del 1 de abril de 2020 la obligación de indicar en el etiquetado de los alimentos el país de origen o lugar de procedencia del ingrediente principal de dicho alimento cuando éste sea diferente al país de origen o lugar de procedencia del alimento.

Así, se pretende dar más transparencia e información a los consumidores, limitando la asimetría informativa que ha caracterizado este mercado y permitiendo que puedan realizar y adoptar decisiones de compra con mayor conocimiento de causa.

Precisamente la leche es uno de los alimentos que las autoridades europeas ya consideraban expresamente sensibles a este respecto y, por ello, se hallaba mencionada en el artículo 26 del Reglamento 1169/2011, junto con la carne de vacuno y otras especies, como potenciales casos en los que analizar la conveniencia de imponer obligatorio el etiquetado de origen. Ahora bien, después de casi ocho años, las autoridades europeas han considerado que no procede ampliar el etiquetado obligatorio de origen a la leche y a los productos lácteos. Ello ha dado lugar a que diferentes Estados miembros de la UE (Italia, Francia y Portugal, entre otros), hayan adoptado normas nacionales que imponen la obligación de declarar el origen de la leche en los productos lácteos.

Pues bien, el pasado 22 de septiembre se publicó en el BOE el Real Decreto 1181/2018, de 21 de septiembre, relativo a la indicación del origen de la leche utilizada como ingrediente en el etiquetado de la leche y los productos lácteos. Se trata de una norma promovida por el anterior gobierno del Partido Popular, que ha sido aprobada por el nuevo gobierno del Partido Socialista y que pone fin a una de las históricas reivindicaciones del sector ganadero lácteo nacional.

Más allá de las supuestas bondades de la norma (que su exposición de motivos resalta y justifica) y de la relevancia que tiene esta información para el consumidor, lo cierto es que, como ya ha denunciado la Comisión de los Mercados y de la Competencia en su informe IPN/CNMC/009/18, parece que constituye una vuelta al proteccionismo en este sector y que podría suponer una restricción a la libre circulación de mercancías, pilar fundamental del mercado único europeo. De hecho, se han podido leer diferentes noticias y notas de prensa en los últimos meses en las que se augura dicho efecto económico: que con la aprobación de esta norma parece que los consumidores españoles primarán en su compra la leche de origen nacional.

La nueva norma se ha aprobado con un período de aplicación concreto y limitado a los dos años después de su entrada en vigor, que tendrá lugar el 21 de enero de 2019...

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Artículo íntegro publicado en Revista Alimentaria 498

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