_{Ignacio García Magarzo, Director General de ASEDAS (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados)}

El año que termina ha sido un enorme desafío para todos. Las empresas de supermercados han tenido que hacer frente a situaciones inéditas, que les han obligado a tomar decisiones con rapidez, responsabilidad y valentía. Todo ello en un marco regulatorio también insólito. Un informe de la Comisión de Comercio de CEOE calcula que el incremento de normas durante el Estado de Alarma ha alcanzado un 572%. Algo que, si bien puede ser comprensible en los primeros momentos de incertidumbre, pueden, a medio plazo, suponer un freno a la hora de avanzar con decisión, sin dificultades y sin costes extraordinarios en el objetivo común de reactivar la economía, haciéndola compatible con las medidas de seguridad necesarias en estos momentos.

Tanto durante el primer Estado de Alarma como en el momento actual, estamos inmersos en una actividad normativa sin precedentes, que cambian entre comunidades autónomas e incluso entre municipios, y que crean confusión en la población y en las empresas. Más allá del marco normativo sobrevenido, el comercio alimentario ha demostrado un alto nivel de compromiso y responsabilidad que ha permitido garantizar en todo momento, y desde el principio de la pandemia, un acto de compra compatible con las recomendaciones sanitarias y seguro para clientes y trabajadores.

La reflexión en este contexto nos lleva a la necesidad de evitar normas innecesarias y de limitar la burocracia. Los principios de la Unión Europea suponen que la regulación respete siempre los principios de necesidad, justificación y proporcionalidad. Ante la crisis económica que afrontamos, la sociedad necesita menos y menor regulación y que ésta esté enfocada a favorecer el crecimiento, el bienestar de los ciudadanos y la actividad económica. Con este telón de fondo, hay varios procesos regulatorios que afectan o pueden afectar en un futuro próximo a la distribución con base alimentaria de forma muy directa.

En primer lugar, es inevitable hablar de fiscalidad. El aumento de impuestos al consumo, como por ejemplo con las subidas del IVA que hemos conocido en el pasado, tiene consecuencias directas sobre una retracción de la demanda que impacta negativamente en el consumo y que, además, suele afectar en mayor medida a las rentas más bajas. Un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid que presentamos recientemente recoge que, en los países del sur de Europa, en el año 2018 todavía no se habían recuperado los niveles de consumo precios a la crisis de 2008. Es este escenario el que debemos evitar en esta nueva crisis.

Dentro de este marco fiscal, es necesario estudiar muy cuidadosamente aquellos nuevos impuestos que, en principio, buscan un objetivo finalista y no recaudatorio, ya sea sobre la salud de las personas o sobre el medioambiente. En el primer caso, está demostrado que los impuestos no son la respuesta, sino que enfermedades como la obesidad deben ser tratadas desde un punto de vista global, que considere también cuestiones sociales y de hábitos de vida. En el campo medioambiental, hemos tenido ejemplos en el pasado de impuestos, como el de los gases fluorados, que disfrazan una intención recaudadora sin verdaderos efectos sobre el medioambiente.

En segundo lugar, no menos importantes son las cuestiones laborales. Tenemos por delante la tarea de dialogar y de alcanzar consensos sobre temas muy preocupantes y de gran impacto sobre las empresas y sobre el empleo. Por una parte, cualquier reforma laboral debe basarse en el acuerdo entre sindicatos y empresarios, y debe tener en cuenta la realidad de las empresas tan diferentes que constituyen nuestro sector. Por otra, es hora de abordar un tema incómodo, pero acuciante: el absentismo. El mal uso de las bajas laborales –que puede producirse en todos los niveles de una empresa- es un comportamiento insolidario con el sistema sanitario, con la empresa y con los compañeros. El problema se puede y se debe abordar aumentando el control de los servicios de salud, con el apoyo de las mutuas, de los sindicatos y con la concienciación social.
 
En tercer lugar, el comercio en su conjunto demanda una reforma del Código Penal en el caso del hurto mutirreincidente. Todos conocemos la actividad de bandas organizadas que se dedican a esta actividad ilícita y que, también según la CEOE, cuestan al erario público más de 300 millones de euros al año en costes judiciales ineficaces a la hora de imponer sanciones. Una modificación del Código Penal, como la del 2015, que imponga penas de prisión a los delincuentes profesionales, se debe ejecutar plenamente para frenar esta lacra que resta competitividad al comercio, especialmente al pequeño, cuesta mucho dinero al Estado y crea una fuerte inseguridad ciudadana.

En cuarto y último lugar, hemos de hacer una referencia a la excelencia que el conjunto de la cadena ha demostrado durante este difícil año. Entre todos, hemos sido capaces de garantizar en todo momento el suministro de alimentación a la población. Por lo tanto, en pleno desarrollo del anteproyecto de modificación de la Ley de la Cadena alimentaria, cualquier medida debe tener también en cuenta el eslabón final, el consumidor, y no debe perjudicar el acceso a la alimentación que éste tiene en estos momentos con un surtido completo, variado y a precios competitivos muy cerca de sus casas. Los objetivos de la regulación deben ser que no se rompa el equilibrio en la cadena y se cumpla el fin común de aportar estabilidad y seguridad jurídica a todos los eslabones.

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