_{Francisco Góngora Cañizares, presidente de HORTIESPAÑA, Organización Interprofesional Española de Frutas y Hortalizas}

Recientemente se han cumplido diez años de la mayor crisis de imagen sufrida por el sector agrícola de nuestro país, la erróneamente denominada como “crisis del pepino”, un conflicto que movilizó a todo un país para proteger no solo la imagen de nuestra agricultura, sino también la imagen de la marca España. 

En mayo de 2011, la responsable de salud de la ciudad alemana de Hamburgo responsabilizó a España de originar un brote de Escherichia coli (E. coli) que ocasionó la muerte de 53 personas, intoxicó a más de 3.800 y arruinó la huerta española con pérdidas incalculables. La precipitada y temeraria acusación apuntó hacia una partida de pepinos cultivados en los invernaderos de Almería, una imputación que causó no solo la retirada del mercado de millones de kilos de este producto, y su consiguiente pérdida económica, sino un daño irreparable a la imagen de nuestro país en un aspecto clave como es la seguridad alimentaria. 

La noticia saltó del campo a nuestras casas con una rapidez pasmosa copando durante días las portadas de los diarios nacionales y las aperturas de los informativos de las cadenas de radio y de televisión. Personalidades famosas españolas de todos los ámbitos cerraron filas ante este ataque injustificado y atropellado, concitando el mayor movimiento de defensa nacional nunca visto hasta la fecha. La crisis se había convertido en un asunto de Estado.  

Solo fueron necesarios unos días para demostrar que el pepino español no tuvo nada que ver en esa crisis, sino que su origen se encontraba, precisamente, en una granja de brotes de soja ubicada en la Baja Sajonia alemana. Todo un escarmiento que acababa con el mito de la eficiencia teutónica. Fueron días en los que las autoridades alemanas pecaron de prepotencia y menospreciaron todos los mecanismos de trazabilidad que la industria alimentaria tiene a su alcance para hallar el origen del problema en este tipo de casos. 

  

Afortunadamente, el eficaz sistema de trazabilidad implantado en el sector hortofrutícola almeriense (la trazabilidad permite identificar a todos los proveedores y mantener el producto identificado desde el campo a la mesa del consumidor), permitió no solo demostrar la inocencia en esta materia sino garantizar la seguridad y la calidad de todos y cada uno de los productos que se cultivan en los invernaderos solares del sur de España. Un sector que supone un baluarte económico, laboral y social de toda una provincia. Un sector del que viven 14.500 familias, que contribuye al 40% del PIB de Almería y del que se alimentan 500 millones de europeos. 

En el caso de los invernaderos solares de Almería y la costa de Granada, gracias a su enorme capacidad exportadora, el 100% de la producción posee un sistema de trazabilidad, fruto de la exigencia de las grandes cadenas de distribución, las normativas europeas y las normas de certificación, cada vez más exigentes. De esta manera se lucha contra el fraude y se garantiza la inocuidad y la calidad de los alimentos.

Gracias a la trazabilidad, los consumidores de todo el mundo tienen la garantía de que los alimentos que se cultivan en los invernaderos solares del sur de Europa han sido producidos y elaborados de una manera segura, sostenible y ética a lo largo de toda la cadena alimentaria. Diez años después de esta crisis, la industria de los invernaderos solares puede estar orgullosa de los significativos avances que se han producido en este sector para convertirse en tiempo récord en una industria que pivota sobre la calidad, la sostenibilidad y el respeto a las personas y el medio ambiente. 

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