La Comisión Europea ha presentado una propuesta para aumentar la transparencia de los estudios científicos en el ámbito de la seguridad alimentaria.

La propuesta, que se basa también en el control de la adecuación de la legislación alimentaria general, que data de 2002, por lo que necesita una actualización, dará a los ciudadanos un mayor acceso a la información presentada a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) sobre las autorizaciones relativas a la cadena agroalimentaria, permitirá a la Comisión pedir estudios adicionales, e involucrará más estrechamente a los científicos de los Estados miembros en los procedimientos de autorización.

Las propuestas legislativas se remitirán ahora al Parlamento Europeo y a los Estados miembros para su adopción. La Comisión aspira a que se adopte en la actual legislatura (de aquí a mediados de 2019), con vistas a su rápida aplicación.

El comisario europeo de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis, ha señalado: "En la Unión, la determinación científica del riesgo para la seguridad alimentaria es una de las más estrictas del mundo. Ahora la reforzamos mediante normas de transparencia más claras y una comunicación del riesgo más eficaz en todo el proceso. Gracias a esta reforma, los ciudadanos tendrán acceso inmediato a los estudios científicos en apoyo de las solicitudes de autorización".

La Comisión propone una revisión específica del Reglamento sobre la legislación alimentaria general. Los elementos esenciales de la propuesta son:

• Garantizar una mayor transparencia, permitiendo a los ciudadanos un acceso inmediato y automático a toda la información relacionada con la seguridad presentada por la industria en el proceso de determinación del riesgo;
• Crear un registro europeo común de los estudios encargados, para garantizar que las empresas que solicitan una autorización presenten toda la información pertinente, y no oculten los estudios que les son desfavorables;
• Hacer posible que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria pueda exigir estudios complementarios, a petición de la Comisión y con cargo al presupuesto de la Unión;
• Hacer obligatoria la consulta de las partes interesadas y los ciudadanos sobre los estudios presentados por la industria en apoyo de sus solicitudes de autorización de productos;
• Aumentar la participación de los Estados miembros en la estructura de gobernanza de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y en sus comisiones técnicas científicas;
• Reforzar la comunicación del riesgo a los ciudadanos, con acciones comunes para aumentar la confianza de los consumidores, fomentando su sensibilización y su comprensión y explicando mejor los dictámenes científicos que emite la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, así como el fundamento de las decisiones de determinación del riesgo. 

En 2002, la legislación alimentaria general estableció el principio general del análisis del riesgo en la legislación alimentaria de la Unión. Se creó un sistema de seguridad alimentaria en el cual la responsabilidad de la determinación del riesgo (parte científica) se disociaba de la correspondiente a la gestión del riesgo (parte política). Se creó la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) como agencia independiente responsable del asesoramiento científico sobre los riesgos relacionados con la cadena alimentaria.

Los resultados de un control de adecuación de la legislación alimentaria general, publicados a principios de este año, confirmaron que la legislación cumple sus objetivos de garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y el buen funcionamiento del mercado interior. En particular, el enfoque científico de la legislación alimentaria de la Unión, basado en los riesgos, ha aumentado el nivel general de protección frente a los riesgos de seguridad alimentaria. Al mismo tiempo, el control de adecuación también puso de manifiesto la preocupación de los ciudadanos sobre la transparencia de los estudios científicos y el proceso de determinación del riesgo en la cadena agroalimentaria.

El 6 de octubre de 2017 se presentó a la Comisión la iniciativa ciudadana europea «Prohibición del glifosato y protección de las personas y del medio ambiente frente a los pesticidas tóxicos», respaldada por las firmas de 1.070.865 ciudadanos europeos. Una de sus peticiones era mejorar la transparencia de los estudios científicos que se presentan a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la posibilidad de que las autoridades públicas encarguen estudios. La Comisión presentó su respuesta a esta iniciativa el 12 de diciembre de 2017. Hasta el momento han prosperado cuatro iniciativas ciudadanas, cada una de las cuales ha recogido más de un millón de firmas, y la Comisión ya ha actuado en tres de ellas.

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