El sector pesquero ha mostrado su rechazo al incremento del volumen de importaciones de pescado con arancel cero a la Unión Europea, recientemente aprobado por el Consejo de la Unión, y fijado en 750.000 toneladas para el período 2019-2020. El sector ha manifestado a través de Europêche, de la que forma parte Cepesca, que, si bien no se opone a una cantidad racional de este tipo de importaciones justificada por la demanda en el Viejo Continente, la situación del sector ha cambiado ya que la recuperación de los stocks en los caladeros en los que operan las flotas de la Unión permite abastecer a la industria transformadora europea y asegurar así o productos de mayor calidad y con más altos estándares.

El sector pesquero apunta que estas importaciones no han parado de crecer desde 1992, año en el que se aprobaron para seis especies y 43.000 toneladas, frente a las 750.000 toneladas antes mencionadas y 15 especies, tales como abadejo, atún o bacalao. Por otro lado, el sector también recuerda que estas importaciones (filetes y lomos de pescado procesados normalmente en terceros países), también impacta en los puestos de trabajo de la industria europea y obliga al sector pesquero europeo a vender su producto en otros mercados internacionales en los que puedan obtener mejores precios.

Por último, y según apunta Europêche, estas importaciones de productos pesqueros son independientes de su origen, modo de producción, sostenibilidad del stock, normas laborales o incluso legalidad o no de la actividad pesquera. Para Europêche estas importaciones sólo tienen como propósito obtener un mejor precio de los productores no pertenecientes a la UE, al tiempo que ejercen presión sobre los precios y el empleo de los productores europeos.

Según Javier Garat, presidente de Europêche y secretario general de CEPESCA, "ya no podemos garantizar el acceso privilegiado al mercado de la UE a productos que no respetan los estándares sociales y ambientales, como los suministrados por China o Tailandia. Es de suma importancia corregir las brechas legales en el reglamento de control actual y aumentar los controles sanitarios y las inspecciones para garantizar que los productos pesqueros que llegar al mercado de la UE sean legales y sostenibles".

“No es aceptable”, –termina diciendo Garat--, “que los países vinculados a la pesca ilegal se beneficien del acceso preferencial a los mercados; debería ser más bien lo contrario. La UE está enviando un mensaje equivocado a la comunidad internacional pesquera que ha hecho poco o nada por la sostenibilidad de las poblaciones de peces y el respeto de los derechos humanos a bordo”.

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