El Ejecutivo comunitario propone una mayor transparencia de los precios tras la prohibición de las prácticas comerciales desleales y de la mejora de la cooperación entre productores.

La Comisión Europea acaba de presentar una propuesta que permitirá dar información crucial sobre la forma en que se determinan los precios a lo largo de la cadena de suministro de alimentos. Las diferencias entre los precios de compra y venta pueden ofrecer información sobre los costes intermedios (transporte, seguros, almacenamiento, etc.). Conseguir una mayor transparencia permitirá adoptar mejores decisiones y aumentar la confianza en que se produzcan en las diferentes fases prácticas comerciales justas. Una información oportuna y de fácil acceso también permite conocer la evolución del mercado para competir en los mercados mundiales.

A pesar de que la información sobre lo que sucede en los mercados agrícolas en cuanto a precios, volúmenes de producción o existencias, entre otros, es abundante, apenas existen datos sobre otros mercados clave de la cadena de suministro agroalimentaria. Se incluyen aquí los mercados que operan entre los agricultores y los consumidores en la trasformación de alimentos, y el comercio minorista. Esta asimetría implica que los agricultores se hallan en desventaja en el mercado y merma la confianza en un comercio justo.

Las medidas propuestas por la Comisión se aplicarán a los sectores de la carne, los huevos, los productos lácteos, las frutas y hortalizas, los cultivos herbáceos, el azúcar y el aceite de oliva. Se toman como base los sistemas y procedimientos de recogida de datos que ya existen y que utilizan los operadores y los Estados miembros para notificar la información de mercado a la Comisión. Cada Estado será responsable de la recogida de datos sobre precios y mercados. El Ejecutivo recomienda que los países elijan el enfoque más rentable y estos comunicarán los datos a la Comisión, que a través del portal de datos agroalimentarios y los observatorios de los mercados de la UE facilitará el acceso a esta supervisión. Para ello es esencial que los Estados proporcionen una información precisa y que lo hagan en el momento oportuno.

Para Phil Hogan, comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, “el fortalecimiento de la posición de la posición de los agricultores en la cadena de suministro de alimentos ha sido una prioridad para la Comisión. Estas nuevas normas complementarán la Directiva recientemente adoptada que prohíbe las prácticas comerciales desleales, reforzando la posición de los agentes más débiles y pequeños de la cadena de suministro de alimentos, y su introducción plasma el extraordinario respaldo público en favor de reforzar la posición del agricultor en la cadena de suministro de alimentos constatado en toda l EU”.

Contexto

La Comisión Europea ha trabajado para impulsar una cadena de suministro de alimentos más justa desde el inicio de su mandato. En 2016 se creó el Grupo operativo sobre mercados agrícolas con el objetivo de evaluar la función de los agricultores en la cadena global de suministro de alimentos y formular recomendaciones sobre cómo se puede reforzar y mejorar.

A partir de estas recomendaciones, la Comisión ha puesto en marcha una evaluación inicial del impacto y una consulta pública sobre la mejora de la cadena de suministro de alimentos, que incluían las prácticas comerciales desleales, la cooperación de los productores y la transparencia del mercado. Según una encuesta realizada en toda la UE, el 88% de los encuestados considera importante reforzar el papel de los agricultores en la cadena de suministro de alimentos y creen que estos deberían tener una mejor posición en el marco de la Política Agraria Común de la Unión.

La Comisión presentó el año pasado su propuesta de prohibir las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos. Las nuevas normas garantizarán la protección de la totalidad de los agricultores europeos y de los pequeños y medianos proveedores contra las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos.

La propuesta debe ser sometida ahora a un período de consulta pública de un mes desde su publicación, hace una semana. A continuación, será adoptada por la Comisión Europea y entrará en vigor seis meses después de su adopción.

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