Desde la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE) informan de la celebración en Madrid del Congreso Anual de la ESA (European Seed Association), al que asistieron más de 1.000 participantes de 47 países, representando a cerca de 500 empresas que trabajan en la investigación, la producción y la comercialización de semillas.

Durante el encuentro se abordaron temas decisivos para el sector como la Política Agrícola Común, las repercusiones del Brexit, el uso fraudulento de las semillas, investigación y mejoramiento de plantas, GMO, biodiversidad o sanidad vegetal. No obstante, el tema que tiene en vilo al sector es la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que, desde el pasado mes de junio, ha decidido equiparar las variedades vegetales modificadas mediante la tecnología CRISPR/Cas9 (edición genómica) al resto de los organismos genéticamente modificados.

El CRISPR es una técnica que permite seleccionar y modificar los genes con una rapidez y precisión hasta ahora desconocidas, defendida por prácticamente toda la comunidad científica, pero a la que se oponen algunos grupos ecologistas.

En este sentido, el Dr. Pío Beltrán, profesor de Investigación del CSIC en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), afirmó que “la comunidad científica está sorprendida y disgustada”, y subrayó que "los científicos sabemos sin ninguna duda que la técnica de edición genómica CRISPR no puede equipararse a los transgénicos. Esto es muy claro cuando la técnica CRISPR se utiliza para producir en la planta de cosecha una mutación idéntica a las que suceden al azar en la naturaleza y que proporciona una característica de interés para los consumidores. Las variedades se deben evaluar por lo que son, no por la tecnología utilizada para su obtención". El ser humano lleva seleccionando y modificando los genes de las plantas desde que inventó la agricultura, y “la ciencia solo ha desarrollado técnicas y conocimientos para hacer este proceso más rápido, más seguro y más sostenible; el CRISPR es uno de ellos, con ventajas evidentes e indiscutibles desde una perspectiva científica".

La ESA considera que la consecuencia de esta decisión judicial tiene “unos riesgos socioeconómicos inaceptables tanto para la mejora vegetal, como para la cadena agroalimentaria en general, los consumidores y nuestro entorno europeo”. Sostiene que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas está causando con esta decisión un grave daño a la investigación científica en la que los obtentores europeos han venido invirtiendo, y que ahora tendrán que desembolsar 20 millones de euros para hacer frente únicamente a los costes regulatorios de cada variedad que se registre.

Cerrar la puerta a la técnica CRISPR –sostiene la ESA– “impedirá a Europa avanzar en el desarrollo de nuevas variedades de plantas mejor adaptadas, que sean de alto rendimiento y resistentes a plagas y enfermedades, o que contribuyan a dietas que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático, o que innoven para un sistema agroalimentario más saludable y sostenible”.

Recientemente también EuropaBio, la asociación de empresas biotecnológicas europeas, calificó esta decisión judicial de “un paso atrás”, añadiendo que “los 1.000 millones de euros invertidos por los Estados y las empresas para el uso de CRISPR en la agricultura, ahora ya no darán resultados prácticos para los agricultores europeos”.

Para Antonio Villarroel, Secretario General de ANOVE, "con decisiones como esta Europa está perdiendo competitividad, lo que resulta muy grave para el conjunto de la producción agroalimentaria, además de provocar una deslocalización de la investigación en semillas hacia otros países menos restrictivos”. Puso de manifiesto la contradicción que supone que, al mismo tiempo que se impide el uso de esta técnica en Europa, se permita que los ciudadanos europeos puedan consumir alimentos producidos por medio de CRISPR procedente de países que no son de la UE.

Las empresas obtentoras dedican a I+D entre el 20% y el 30% de su facturación. En Europa, disponen de 750 centros de investigación, 52 de los cuales se ubican en España. De hecho, el 81% de las empresas asociadas a ANOVE tienen departamento propio de I+D.

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