El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) ha acogido durante dos días las Jornadas de debate "España, Juntos por el Clima". Días en los que los participantes han desarrollado diferentes sesiones de trabajo sobre el sector agrícola, ganadero, forestal y alimentario, para lograr consensuar las bases que vertebrarán la elaboración del futuro anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

La apertura de las Jornadas estuvo a cargo del Comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, quien habló sobre la propuesta de un diseño de un nuevo modelo de gobernanza a nivel europeo basada en la obligación de los estados miembros de presentar planes nacionales de energía y clima para el periodo 2021-2030 que tienen que cubrir las dimensiones de descarbonización, eficiencia energética, seguridad energética, mercado interior de la energía, investigación, innovación y competitividad". Arias Cañete, además, subrayó que "adicionalmente a estos planes, los estados miembros deberán elaborar y comunicar a la comisión sus estrategias de bajas emisiones a largo plazo con una perspectiva de cincuenta años".

El Comisario Europeo prosiguió su intervención diciendo que "es evidente que las políticas energéticas y climáticas son políticas a largo plazo, que requieren de importantes acuerdos políticos". Finalizó su exposición señalando que "el reto del cambio climático y el compromiso que tenemos con las generaciones futuras exige política con mayúscula" y ofreció su apoyo a la Comisión Europea para que "España sea un ejemplo en la puesta en marcha y ejecución de la transición energética que los compromisos que hemos adquirido con el cambio climático requieren desarrollar".

Posteriormente, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, señaló que, en la presente legislatura, debe aprobarse la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Rajoy explicó que el cambio climático  es "uno de los mayores retos que afrontamos" y "un desafío que está llamado a definir nuestro tiempo". Recordó también algunos datos para subrayar el "impacto extraordinario" de este fenómeno: en el siglo pasado, el nivel del mar subió casi 20 centímetros; el hielo ártico pierde espesor o está desapareciendo; los desiertos avanzan, y  fenómenos meteorológicos extremos, como sequías o temporales, son cada vez más frecuentes.

Además, el presidente Rajoy subrayó el liderazgo de la Unión Europea en este ámbito, puesto que "ha asumido el compromiso más exigente de los planteados": llegar al año 2030 con un 40% menos de emisiones que en 1990 y al 2050 con unas emisiones entre el 80% y el 95% inferiores al citado año. En suma, se trata -agregó el presidente- de impulsar una transición energética porque el objetivo es "mejorar nuestro bienestar usando menos energía y con una huella climática menor". Para ello, resulta imprescindible "reforzar la transparencia y mantener la sostenibilidad financiera de los sistemas energéticos" y "elaborar un plan a largo plazo que fije los objetivos en materia de renovables y eficiencia energética".

Tras la intervención del presidente del Gobierno, se iniciaron una sería de sesiones de trabajo en las que los representantes del sector agroalimentario coincidieron en apuntar que la futura normativa debería tener un presupuesto suficiente para su objetivos y promocionar las energías renovables, la agricultura ecológica, la ganadería extensiva y las políticas forestales y de gestión sostenible de los bosques, sin olvidar la necesaria armonización de legislaciones, con ámbitos competenciales definidos. 

Celsa Peitado, responsable de Agricultura y Desarrollo Rural de WWF España, apuntó que "hoy en día nos enfrentamos a una oportunidad única para aprobar una Ley de Cambio Climático que nos permita la transición total de la cadena agroalimentaria en su conjunto hacia la sostenibilidad. Y sobre todo una Ley que descanse en la participación de todos los sectores interesados: de toda la sociedad civil, de todos los agentes sociales para que podamos hacer de esta ley una ley nuestra". Además, opinó que "cada uno de los eslabones de la cadena debe marcarse objetivos específicos: en el sector de la producción la Ley debe pensar en el aspecto tecnológico, una producción de los alimentos mas respetuosa con los ecosistemas; tampoco hay que olvidar el papel de los cutivos de secano, ni de la ganadería extensiva". Peitado insistió en que "la industria también debe marcarse como unos deberes y unos objetivos como es el abastecimiento sostenible de materias primas a lo largo de toda la cadena agroalimentaria".

Depués fue el turno de Felipe Medina de la patronal de supermercados ASEDAS quien dijo que "la Ley debería incorporar un espíritu de flexibilidad para que todos los agentes alcacen sus objetivos ya que hay multitud de empresas, de explotaciones agroalimentarias con realidades distintas". E insistió en que "la Ley debe servir para unificar la dispersión normativa que tenemos en toda España para facilitar el cumplimiento de las empresas que operan en distintos lugares de nuestro territorio".

A continuación tomó la palabra Pedro Barato, presidente de Asaja, quien manifestó que desde el sector agrario, "vemos que esta Ley es una oportunidad magnífica para que se complemente la renta de los agricultores españoles". Y señaló la necesidad de limpiar las masas forestales para "prevenir los incendios y conservar la agricultura extensiva". Y cerró su intervención indicando que "si quien contamina tiene que pagar, quien descontamina tiene que cobrar"

Finalmente, Ignacio Macicior, de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo), comentó que hay superficie significativa de masas viejas sobre las que no se realiza ninguna gestión, que son las que sufrirán en mayor medida los efectos del cambio climático. Macicior abogó, así, por "fomentar la gestión forestal sostenible en todas las superficies y aumentar su extensión y calidad, e impulsar el aprovechamiento de la biomasa forestal, agrícola y de subproductos".

Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, clausuró una jornadas que han querido ser un espacio de encuentro para identificar los elementos que deben contemplarse en la Ley entre los principales agentes y sectores implicados: Administraciones, grupos políticos, empresas, sector financiero, organizaciones no gubernamentales, sindicatos y científicos.

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