El sector pesquero reitera que las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP) son los instrumentos óptimos para gestionar las poblaciones de peces transzonales y altamente migratorias, así como las de otras especies asociadas.

En este sentido, el sector destaca los numerosos casos de éxito de estas organizaciones y por ello cree que éstas deben fortalecerse y no verse mermadas por otras con un conocimiento parcial de la gestión pesquera como, por ejemplo, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD) o el proceso BBNJ (Biological diversity of areas Beyond National Jurisdiction (BBNJ).

Así lo ha manifestado el español Javier Garat, presidente de ICFA (International Coalition of Fisheries Associations), de la que forma parte Cepesca, durante la 14ª ronda de consultas informales de los estados parte del Acuerdo de Nueva York de Naciones Unidas (UNFSA), celebrada esta semana en esta ciudad estadounidense y centrada en evaluar el papel de estas organizaciones.

El sector pesquero, adherido al Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, ha expresado, además, el trabajo crucial que desarrollan las ORP para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2,8,10,12,13 y 14, vinculados a la seguridad alimentaria (hambre cero), trabajo decente y crecimiento económico, reducción de la desigualdad, consumo y producción responsables, acción climática y la conservación y uso sostenible de océanos y mares, así como de sus recursos.

Durante su intervención, Javier Garat ha manifestado también que es necesaria una mayor voluntad política de los Estados para colaborar de forma efectiva en la gestión de los recursos compartidos y garantizar la efectividad de las medidas establecidas a través de mecanismos apropiados de control, monitorización y vigilancia.

Garat también ha solicitado mejorar la financiación de las ORP y reforzar su capacidad y recursos para la investigación científica por parte de los Estados que son partes contratantes y cooperantes, para complementar los datos independientes de la actividad pesquera con datos procedentes directamente de las pesquerías que gestionan, una fórmula que se ha demostrado clave para el desarrollo de una gestión eficaz.

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