El sector pesquero español cree que su actividad ha de tener un mayor peso en el debate político y social que ya han comenzado a generar las próximas citas electorales en nuestro país. El sector, que aglutina a una comunidad de alrededor de 157.000 trabajadores (31.456 tripulantes) y genera unos ingresos, sólo en primera venta, de más de 2.000 millones de euros a la economía nacional (con un Valor Añadido Bruto de 8.965 millones en 2016, cree que su trayectoria reciente, además de ser un ejemplo de cómo modernizar con éxito una actividad, puede servir también de modelo en ámbitos como la política exterior, social y económica, al ser un sector que se ha transformado en un período corto de tiempo.

En este sentido, el sector, representado por CEPESCA, viene manteniendo una intensa actividad para reunirse con todos los partidos políticos que concurren a las próximas citas electorales, tanto nacionales como autonómicas y locales, y especialmente a las elecciones al Parlamento Europeo. El objetivo no es sólo dar a conocer a los distintos candidatos sus reivindicaciones, sino también poner a su disposición su experiencia y soluciones. A tal fin, la patronal ha hecho llegar a los partidos políticos un documento de trabajo que resume, en 10 puntos, sus reivindicaciones.

Entre ellas, el sector apunta como uno de sus mayores problemas la formación y escasez de tripulantes, ya que de no encontrarse soluciones muchos barcos deberán parar. El sector solicita revisar y actualizar el sistema actual de formación, modificar el Real Decreto que regula las atribuciones de los titulados, promover la formación profesional dual y facilitar, mientras estas medidas no den resultado, la contratación de tripulantes extranjeros.

Pesca ilegal y FEMP

Cepesca también aboga por arbitrar medidas para paliar la competencia desleal que ocasiona la entrada en Europa de productos provenientes de flotas con menores niveles de exigencia que los fijados para su propia flota, cuando no de pesca ilegal. Así, defiende la aplicación estricta del Reglamento de lucha contra la pesca ilegal, evitando la entrada de pescado ilegal en nuestros mercados y conceder beneficios fiscales y sociales a la flota española.

Respecto a la aplicación del FEMP en nuestro país, el sector cree imprescindible la colaboración entre la Administración General del Estado y las CCAA para agilizar los trámites y poder hacer uso del 100% de los mismos. También cree fundamental que su asignación tenga un carácter finalista dentro de los Presupuestos Generales del Estado asignados a la Secretaría General de Pesca para que se pueda ejecutar el FEMP cada año.

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