El Parlamento Europeo se ha sumado al acuerdo político alcanzado entre el Consejo y la Comisión sobre la transparencia de la evaluación de riesgos en la cadena alimentaria.

La Comisión Europea había propuesto un reglamento sobre la transparencia y la sostenibilidad de la evaluación de riesgos de la UE en la cadena alimentaria.

Los principales objetivos de este acuerdo consisten en garantizar una mayor transparencia, que dará a los ciudadanos acceso automático a todos los estudios e información presentados por la industria en el proceso de evaluación de riesgos. Los interesados y el público también serán consultados sobre los estudios presentados. Además, el acuerdo garantizará la confidencialidad al establecer el tipo de información que puede considerarse perjudicial para los intereses comerciales y, por tanto, no debe ser divulgada.

Por otra parte, con este acuerdo se incrementa la independencia de los estudios. Se informará así a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) de todos los estudios encargados para garantizar que las empresas que soliciten autorizaciones envíen toda la información relevante y no oculten los estudios desfavorables. La Autoridad también dará asesoramiento general a los solicitantes, en particular a las pymes, antes de la presentación del expediente. La Comisión puede solicitar a la Autoridad que encargue estudios adicionales para fines de verificación y puede realizar misiones de investigación para comprobar la conformidad de los estudios con las normas.

El nuevo texto permite también fortalecer la gobernanza y la cooperación científica. Los Estados miembros, la sociedad civil y el Parlamento participarán en la gobernanza de la Autoridad al estar representados en su Consejo de Administración. Los Estados fomentarán la capacidad científica de la Autoridad y contratarán a los mejores expertos independientes en su trabajo.

Además, se desarrollará una comunicación de riesgos integral: se adoptará un plan general de comunicación de riesgos que garantizará una estrategia de comunicación de riesgos coherente durante todo el proceso de análisis combinado con un diálogo abierto entre todas las partes interesadas.

El vicepresidente de Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki Katainen, ha dicho sobre la propuesta que “conducirá a un sistema de seguridad alimentaria más eficaz, más transparente y más sostenible”, reforzando el papel desempeñado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en la prestación de asesoramiento científico imparcial y de alta calidad. También aumentará la transparencia y reforzará la confianza de los consumidores en el proceso de seguridad y aprobación de la UE, y dará a la industria un marco claro y estructurado en el que desarrollará sus negocios para el futuro.

¿Cuáles son las normas comunitarias que se ven afectadas?

Esta propuesta es una revisión del Reglamento de la Ley General de Alimentos, que se centra en la transparencia de la evaluación de riesgos de la UE; en el fortalecimiento de la fiabilidad, objetividad e independencia de los estudios utilizados por la EFSA, y en la revisión de la gobernanza de la EFSA para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

Para garantizar la coherencia legal en la legislación alimentaria de la UE, también es necesario modificar, además del Reglamento de la Ley General de Alimentos, ocho actos legislativos sectoriales relacionados con la cadena alimentaria: OGM para uso en alimentos y piensos, aditivos para piensos, aromas, materiales en contacto con alimentos, aditivos alimentarios, enzimas y aromas alimentarios, productos fitosanitarios y nuevos alimentos.

Las sustancias ya autorizadas también serán renovadas

Los cambios afectarán a la renovación de autorizaciones de sustancias que ya están en el mercado. El solicitante tendrá que notificar por adelantado los estudios que planea llevar a cabo para la solicitud de renovación. La EFSA lanzará una consulta a terceros sobre estudios planificados, y podrá asesorar al solicitante sobre el contenido del expediente de presentación.

La propuesta se presentó hace ahora un año, en abril de 2018, tras una respuesta de la Comisión Europea a la Iniciativa Ciudadana Europea para la “Prohibición del glifosato y plaguicidas tóxicos”, y responde a un compromiso del ejecutivo europeo con un reglamento que incluya un control de la Ley General de Alimentación. Ahora tendrá que ser confirmada por el Consejo.

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