El Parlamento Europeo ha aprobado esta semana nuevas reglas para proteger a los agricultores frente a las prácticas comerciales desleales.

Aprobada con 589 votos a favor, 72 en contra y 9 abstenciones, la nueva legislación establece una lista de prácticas prohibidas. Entre otras, el retraso en el pago de productos ya entregados, la cancelación tardía de un pedido o la modificación retroactiva del mismo, el rechazo del comprador a firmar un contrato con el proveedor o el uso incorrecto de información confidencial. También queda prohibido amenazar a los productores con dejar de consumir sus productos o retrasar los pagos si hay alguna reclamación.

A partir de ahora, los compradores no podrán pedir compensaciones económicas a los agricultores en caso de deterioro o pérdida de los productos una vez entregados, a menos que el mal estado del producto se deba a una negligencia del proveedor.

Prácticas como la devolución de los artículos no vendidos sin haberlos pagado, obligar a los agricultores a pagar por publicitar sus productos, cobrar a los proveedores por vender o catalogar sus productos, o imponer costes de descuento al proveedor, también serán prohibidas a no ser que haya un acuerdo previo entre productor y comprador.

Otras prácticas solo serán permitidas si están sujetas a un acuerdo previo sin ambigüedades entre las partes. Estas incluyen a un comprador que devuelva productos alimenticios no vendidos al proveedor; un comprador que cargue al proveedor unos gastos por asegurar o mantener un acuerdo de suministro de productos alimenticios, o un proveedor que corra con los gastos de una campaña de promoción, publicitaria o de comercialización de un comprador.

Fuentes oficiales ya han dicho que estas normas no provocarán un aumento de precios para los consumidores. Las organizaciones de consumidores han defendido la regulación de estas prácticas en la consulta realizada por la Comisión debido al efecto negativo que tienen sobre los consumidores.

Mejoras en el procedimiento de reclamación

La nueva normativa protege a los pequeños y medianos productores, con una facturación anual de menos de 350 millones de euros. Estos proveedores se repartirán en cinco categorías, en función de sus ingresos: hasta 2 millones de euros, hasta 10, hasta 50, hasta 150 y hasta 350. Cuanto menor sea la facturación, mayor será la protección recibida.

Los productores podrán presentar reclamaciones en el país donde operan, aunque la práctica desleal se haya producido en otro Estado miembro de la UE. Las autoridades nacionales serán las encargadas de gestionar las quejas, investigar los hechos y garantizar soluciones.

UPA pide que el acuerdo cubra mejor a España

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) se ha mostrado bastante satisfecha con el acuerdo, pero lamenta que no se haya incluido la venta a pérdidas en el acuerdo.

Consideran que es especialmente positivo que esta nueva legislación también afecte a operadores de fuera de la UE, pero señalan que se trata de una legislación más laxa que la española, por lo que no mejora la situación de los productos españoles, consideran.

La organización agraria ha prometido que se mantendrá vigilante e interpondrá las denuncias pertinentes cuando constaten malas prácticas.

Desde Cooperativas Agroalimentarias de España también lamentan que no se haya incorporado la venta a pérdidas en la lista de prácticas comerciales desleales, algo que ha venido reclamando todo el sector productor europeo.

Como indican en una nota, el acuerdo amplía la lista de prácticas comerciales desleales incluyendo el abuso de información privilegiada o pagos impuestos para publicidad o promoción. También se establece un período de pago mínimo de 30 y 60 días para productos perecederos y no perecederos respectivamente. Otra cuestión reclamada por Cooperativas e incluida es el anonimato de las denuncias.

El texto incluye que la nueva Directiva se aplicará también a los operadores de la gran distribución con sede social fuera de la UE, pero que operen en la propia UE. Y recoge que los Estados Miembros pueden establecer disposiciones adicionales, lo que protege las disposiciones actuales de la Ley española de Cadena Alimentaria.

Contexto

En 2010 se aprobó una resolución sobre ingresos más justos para los agricultores, y desde entonces el Parlamento Europeo ha venido reclamando medidas para luchar contra las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria. Según datos de la Comisión Europea, las pymes agrícolas dedicadas al procesado de alimentos pierden en torno a 2500 y 8000 millones de euros al año por este motivo, lo que equivale a entre el 1% y el 2% de su facturación.

La Comisión Europea presentó su propuesta legislativa el pasado mes de abril. El nuevo marco concede a los Estados la autoridad para hacer cumplir la nueva reglamentación e imponer sanciones en caso de infracción. Es la primera vez que se aplican normas en este ámbito a nivel comunitario.

Tras el visto bueno del Parlamento, el Consejo deberá adoptar el texto formalmente. Una vez publicado en el Diario oficial de la UE, los Estados miembros tienen dos años para adaptarlo a su legislación nacional. Las nuevas normas se aplicarán treinta meses después de la entrada en vigor de la directiva.

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