^{Julio Morón}

^{Director gerente de OPAGAC}

El pasado 2 de mayo celebramos un nuevo Día Mundial del Atún, conmemoración establecida en 2017 por la ONU por la relevancia de este noble pez para la alimentación mundial y el desarrollo socioeconómico de numerosas regiones en todo el mundo.

Para ilustrarlo con números, basta con señalar que las especies de atún representan el 20 % del valor de la pesca mundial y más del 8 % de los productos del mar que se comercializan en el globo, según FAO. Además, 96 países, entre ellos España, tenemos flotas dedicadas a la pesca de atún en el Atlántico, Pacífico e Índico, y son igual de numerosos los países altamente dependientes de esta pesquería para su bienestar nutricional, su seguridad alimentaria, su desarrollo económico e incluso su cultura. Unas cifras contundentes para elevar la importancia de lograr una gestión sostenible a largo plazo de las poblaciones de atún, especialmente de la recuperación de stocks sobreexplotados, si bien más del 85 % de la producción de atún del mundo proviene de poblaciones en buenas condiciones.

En este sentido, lejos de lo que proclaman ciertas organizaciones ambientalistas, los pescadores somos los más interesados en asegurar la sostenibilidad de las poblaciones, y, afortunadamente, la gran mayoría dedicamos importantes esfuerzos a conseguirlo porque en ello va nuestra propia supervivencia.

En el caso de la flota española, trabajamos en dos frentes: tratando de obtener el reconocimiento del mercado a la garantía de la sostenibilidad integral de nuestras capturas y navegando en el proceloso mar institucional para lograr establecer nuestros elevados estándares sociolaborales -nada menos que el 30 % de nuestros costes operacionales- como requisito para importar atún a la Unión Europea. Con ello, nuestro objetivo no es otro que diferenciar nuestras capturas de las de flotas opacas y sin respeto por los derechos humanos de sus pescadores y por la protección del entorno que les permite vivir.

Para hacer frente al primero, invertiremos siete millones de euros en el periodo 2023-2024 para, entre otros objetivos, conseguir certificar con el sello MSC (Marine Stewardship Council) todas nuestras capturas, unas 380.000 toneladas anuales y el 8 % de las totales mundiales de atún tropical.

Trataremos así de sumar a los seis stocks certificados con este sello medioambiental en 2022, lo que nos supuso una inversión de 17.3 millones de euros entre 2018 y 2022, los otros seis stocks que pescamos, logrando convertirnos en la primera flota del mundo capaz de asegurar a transformadores, comercializadores y consumidores el origen sostenible de todas nuestras capturas en los tres océanos en los que operamos.

Destinaremos estos siete millones a una decena de proyectos que satisfagan las condiciones exigidas por el certificado MSC para minimizar el impacto de la pesquería de cerco atunero en el ecosistema y garantizar la sostenibilidad biológica de los stocks. Por ejemplo, mediante el desarrollo de un programa de tecnología blockchain para garantizar la trazabilidad de nuestras capturas, la optimización de los FAD (dispositivos concentradores de peces) con materiales no enmallantes y biodegradables, y la evaluación y mitigación del índice de mortalidad de especies incidentales, principalmente, tiburones y rayas.

En el segundo frente, el institucional, tenemos por delante oportunidades regulatorias para cercar el consumo de pescado ilegal en la UE, mediante el establecimiento de un régimen de control y sanción exhaustivo y ejemplarizante. Es especialmente relevante la propuesta de Directiva sobre Diligencia Debida que obligará a las empresas europeas y a aquellas que operen en el mercado comunitario a justificar que su suministro es sostenible social y medioambientalmente, a lo largo de toda la cadena de valor.

Su ambición es innegable, pero también lo es su necesidad para garantizar la sostenibilidad integral de uno de los productos pesqueros más consumidos del mundo, imprescindible para alimentar a una población en constante crecimiento y generador de empleo.