Miguel Flavián
Fundador de GM&Co y presidente del grupo de trabajo sobre el Canal Retail de Food for Life-Spain
Uno de los cambios más significativos que trajo consigo el Brexit fue la salida del Reino Unido del mercado único europeo. Esta ruptura implicó el restablecimiento de fronteras para el comercio de bienes y, desde el punto de vista alimentario, el establecimiento de controles sanitarios y fitosanitarios (SPS, por sus siglas en inglés) en las fronteras. La Unión Europea aplicó de inmediato controles sistemáticos sobre las importaciones procedentes del Reino Unido, exigiendo certificados sanitarios, inspecciones en frontera y el cumplimiento de toda su normativa. Para el bloque europeo no supuso una gran dificultad, ya que las fronteras no tuvieron que asumir una carga de trabajo significativamente mayor. Sin embargo, la situación del Reino Unido era diferente: el volumen de inspecciones que debía asumir era mucho mayor, debido a la gran cantidad de alimentos que importa desde la UE. El Gobierno optó por un enfoque gradual: desde no hacer nada al principio para evitar disrupciones y subidas de precio, hasta la implantación por fases de su Border Target Operating Model (BTOM), la estrategia de control de alimentos en fronteras basada en el nivel de riesgo asignado a cada producto. Este plan ha ido introduciendo los controles en varias fases, pero con numerosas prórrogas, lo que ha generado una constante incertidumbre sobre qué debían hacer los operadores. Precisamente la última fase, que afectaba a frutas y hortalizas frescas importadas desde la UE, ha sido pospuesta indefinidamente, en virtud del acuerdo del que hablamos más abajo.
El Reino Unido depende en gran medida de las importaciones alimentarias. Apenas produce el 60 % de lo que consume, y más del 70 % de sus alimentos importados provienen de países de la UE, según datos del Gobierno británico. Al mismo tiempo, la UE sigue siendo el principal destino de las exportaciones agroalimentarias británicas, por lo que estos obstáculos en la frontera afectaron directamente a multitud de pequeñas empresas británicas que no pudieron adaptarse a esta nueva situación.
El nuevo Gobierno manifestó, desde el primer momento, su voluntad de mantener una relación más constructiva con Europa. Aunque inicialmente se hablaba solo de una cooperación reforzada en defensa y seguridad, el pasado mes de mayo el Reino Unido y la Unión Europea anunciaron el lanzamiento de un plan de trabajo conjunto para mejorar la cooperación bilateral en diversas áreas, entre ellas la creación de una zona común en materia de SPS. En la práctica, esta zona común permitirá eliminar la necesidad de certificados sanitarios y fitosanitarios en los intercambios comerciales de productos de origen animal o vegetal, simplificando los procesos aduaneros. Gracias a estas medidas, se acelerará el paso de estos productos por las fronteras, reduciendo los costes económicos y logísticos para los operadores, así como la merma. A diferencia del sistema actual, no será necesario solicitar con antelación inspecciones veterinarias o fitosanitarias ni organizar la entrega de documentación sanitaria específica para cada envío.
Ahora bien, esta simplificación no equivale a una ausencia de controles. La frontera seguirá existiendo, y las mercancías deberán continuar cumpliendo con los procedimientos tradicionales de aduana: declaraciones, códigos arancelarios, facturas, certificados de origen, etc. No estamos ante una restauración plena del mercado único, sino ante un acuerdo técnico que busca reducir fricciones comerciales sin suprimir la soberanía regulatoria de las partes. La Unión Europea lo ha dejado claro en todo momento: para beneficiarse de la libre circulación de alimentos, el Reino Unido debería asumir el resto de condiciones del mercado único (la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y personas), siendo esta última precisamente la cuestión más conflictiva para el Reino Unido.
El Reino Unido sale ganando, porque se simplifica para sus pequeños productores el acceso a su principal mercado. Sin embargo, también ha tenido que ceder, al menos nominalmente: deberá comprometerse con lo que se denomina alineamiento regulatorio dinámico con la normativa comunitaria, con el objetivo de garantizar que las mismas normas exigidas a los productores europeos se apliquen también a los británicos. Se permitirían divergencias regulatorias, pero únicamente si implican estándares más estrictos que los establecidos por la UE.
Este principio permite mantener altos niveles de protección sin necesidad de renegociar cada cambio legislativo que se produzca en Bruselas, y es similar al modelo que la UE ha acordado con otros países con los que mantiene una relación comercial estrecha.
De todo esto, por ahora, solo existen declaraciones de intenciones por parte de ambos bloques, y no se ha establecido un calendario oficial para su implementación. Las negociaciones requerirán tiempo, y es probable que la puesta en marcha de una zona común SPS no sea inmediata. No obstante, el anuncio y la voluntad política que lo acompaña suponen un cambio de rumbo importante y una señal positiva para el tejido empresarial, especialmente para los exportadores e importadores agroalimentarios, tanto en el Reino Unido como en los Estados miembros.
