La adopción del reglamento de Nuevas Técnicas Genómicas, la prórroga del glifosato hasta 2033 y la retirada del SUR dibujan, juntas, el cambio de tono de la política agraria europea. Tres expedientes y un mismo trasfondo. La Unión Europea lleva año y medio recalibrando su política agroalimentaria bajo un argumento que se ha convertido en bandera: simplificar, descargar de obligaciones a los agricultores y devolver competitividad al sector. La adopción del reglamento de Nuevas Técnicas Genómicas (NGT), la prórroga del glifosato hasta 2033 y la retirada del polémico SUR cuentan, juntas, qué clase de campo quiere Bruselas para los próximos diez años.

NGT: El final de la etiqueta de transgénico

El 21 de abril de 2026, el Consejo de la UE aprobó por mayoría cualificada el reglamento que regula las plantas obtenidas mediante Nuevas Técnicas Genómicas, conocidas como NGT. Es la mayor reforma del marco europeo de mejora vegetal desde la directiva de OMG de 2001.

El reglamento divide las NGT en dos categorías. La primera, NGT-1, agrupa las plantas con modificaciones que también podrían aparecer de forma natural o mediante cruce convencional. Quedan equiparadas a las variedades clásicas: no necesitarán evaluación previa, no llevarán etiquetado en el producto final y solo se identificarán como NGT en las semillas. La segunda, NGT-2, mantiene la legislación vigente sobre OMG, con autorización caso a caso, trazabilidad y etiqueta obligatoria.

Existen dos detalles importantes a tener en cuenta. Las plantas NGT-1 quedan prohibidas en producción ecológica para preservar la integridad del sello bio. Y la transparencia de patentes: los desarrolladores estarán obligados a registrar la información de cualquier patente sobre una variedad NGT-1 en una base de datos pública, una concesión arrancada por el Parlamento ante la presión de obtentores y cooperativas que temen quedar atrapados en licencias cruzadas.

Anove, la Asociación Española de Obtentores Vegetales llevan años pidiendo equiparar las NGT a la mejora convencional. Argumentan que CRISPR y técnicas similares permiten desarrollar trigo más resistente a la sequía o tomates con menos necesidad de fungicidas, y que sin marco propio Europa quedaba descolgada frente a Estados Unidos, China, Reino Unido y Argentina.

La objeción llega de un sitio inesperado: los minoristas. El 11 de mayo de 2026, una coalición de cadenas europeas, junto con miembros de Demeter, publicó una declaración pidiendo que el etiquetado «se garantice hasta el producto final», que la trazabilidad cubra «toda la cadena de valor» y que se proteja a agricultores y obtentores europeos «frente a las patentes». La carta sostiene que sin esas tres garantías el reglamento erosionará la libertad de elección del consumidor.

Glifosato: diez años más, con condiciones

Pocos meses antes de cerrarse el acuerdo NGT, en la trastienda comunitaria seguía latiendo otro expediente que la Comisión dio por zanjado a finales de 2023 y que sigue generando recursos: el glifosato. El Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2660, de 28 de noviembre de 2023, prorrogó la autorización del herbicida más utilizado del mundo hasta el 15 de diciembre de 2033.

La decisión llegó después de que ni el Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos ni el Comité de Apelación reunieran la mayoría cualificada necesaria para aprobar o rechazar la propuesta. La Comisión, amparándose en el dictamen de la EFSA de julio de 2023, que no identificó áreas de preocupación crítica para la salud humana, animal o medioambiental, tiró adelante con la prórroga.

No es una renovación lisa. El reglamento prohíbe el uso del glifosato como desecante antes de la cosecha, práctica habitual sobre todo en cereales, e impone medidas adicionales para proteger a los organismos no objetivo. Cada Estado miembro mantiene potestad para restringir o vetar usos concretos a escala nacional. Cooperativas Agro-alimentarias de España, junto con ASAJA, COAG y UPA, defendieron la prórroga como «imprescindible» para la rentabilidad del sector. La oposición ambiental, encabezada por Pesticide Action Network y plataformas como El Salto, recordó la clasificación de la IARC de 2015 como «probable carcinógeno humano» y calificó la decisión de victoria del lobby agroquímico.

SUR: la primera derrota verde

El tercer expediente cuenta una historia distinta: la del freno. El Reglamento sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios, conocido por sus siglas en inglés SUR, era una de las piezas centrales de la estrategia “De la granja a la mesa”. La propuesta, presentada en junio de 2022, fijaba un objetivo vinculante: reducir a la mitad el uso y el riesgo de plaguicidas químicos en 2030 respecto al periodo 2015-2017.

El Parlamento Europeo rechazó el texto en noviembre de 2023, en plena ola de protestas agrarias que se extendió por Francia, Alemania, Países Bajos y, más tarde, España. Tres meses después, el 6 de febrero de 2024, la presidenta Ursula von der Leyen anunció en el pleno de Estrasburgo la retirada formal de la propuesta. Fue, en sus propias palabras, un gesto para “restaurar la confianza” con el campo. Para el Pacto Verde, fue la primera derrota legislativa de calado.

Dos años después, no hay propuesta sustitutiva sobre la mesa. La Comisión actualiza por la vía técnica los límites máximos de residuos a través del reglamento de ejecución (UE) 2024/1342, y mantiene el programa plurianual coordinado de control de residuos para 2025, 2026 y 2027 (Reglamento (UE) 2024/989). El objetivo cuantitativo de reducción del 50%, en cambio, ha desaparecido del calendario europeo.

Simplificación o retroceso

Las tres decisiones se han tomado en menos de treinta meses y comparten lectura política. La Comisión presidida por Ursula von der Leyen, con el comisario de Agricultura Christophe Hansen y el de Salud Olivér Várhelyi, ha hecho de la simplificación y la competitividad las palabras clave del periodo. La Visión para la Agricultura y la Alimentación presentada en febrero de 2025 (COM(2025) 75) y los sucesivos paquetes Ómnibus que se han ido encadenando desde entonces apuntan en esa dirección.

Para los partidarios, la suma reduce burocracia, devuelve previsibilidad y permite a los agricultores europeos competir con producciones que entran de fuera con costes mucho más bajos. Para los detractores, encadenar NGT sin etiquetado al consumidor, glifosato hasta 2033 y un SUR archivado dibuja un retroceso ambiental que costará años deshacer.

El calendario que viene será el que dirima quién gana el relato. Los actos de ejecución de las NGT tienen que estar listos antes de 2028. La negociación de la PAC post-2027 entrará en su fase decisiva en otoño. Y la presidencia de turno española en el segundo semestre de 2027 llegará justo cuando empiecen a votarse las primeras autorizaciones de variedades NGT-1. Tres expedientes, tres oportunidades para que el campo europeo sepa qué clase de futuro le ha aprobado Bruselas.