El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado martes la modificación del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, que regula la aplicación de fertilizantes en suelos agrícolas. Este cambio legislativo fue una de las medidas firmadas por UPA con el Ministerio de Agricultura en su Acuerdo de 43 Medidas de Apoyo al campo, firmado en abril de 2024.

La nueva norma simplifica la normativa que afecta a los agricultores y ganaderos, en este caso a los requerimientos y objetivos de la nutrición de suelos. Este es un elemento fundamental para el futuro de las explotaciones agrarias familiares y con estas modificaciones la normativa “se adapta mucho mejor a la realidad de estas explotaciones”, según han señalado desde UPA.

Por un lado, se establecen excepciones a la entrada en vigor de la puesta en marcha del plan de abonado obligatorio, así como de la necesidad de contar con un asesoramiento técnico. También se instauran nuevas excepciones en la aplicación de estiércoles que mejoran su puesta en marcha en explotaciones agrarias con grandes limitaciones ya sean por pendiente, tamaño de las parcelas o utilización de pastos comunales.

En concreto se retrasa la exigencia de entrada en vigor del plan de abonado: al 1 de enero de 2026 para las unidades de producción en regadío en las que el cultivo se siembre o se plante entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2026, y al 1 de septiembre de 2026, para el resto de explotaciones. Así mismo, no estarán obligadas a tener un plan de abonado las explotaciones destinadas únicamente a pastos que no se fertilicen (no se considerará fertilización las deyecciones ganaderas depositadas durante el pastoreo) o las unidades productivas que no superen las 10 hectáreas de superficie si son de secano, o bien estén dedicadas únicamente a pastos o cultivos forrajeros para autoconsumo.

El Real Decreto también modifica las exigencias de asesoramiento técnico en materia de fertilización. Éste será obligatorio un año después de la obligación de elaboración y aplicación del plan de abonado para las unidades de producción situadas en zonas vulnerables y dos años después para el resto de explotaciones. Las unidades de producción exceptuadas del plan de abonado también lo estarán del asesoramiento técnico en materia de fertilización.

Aplicación de estiércoles

El RD sigue prohibiendo en términos generales la aplicación de purines mediante sistemas de plato, abanico y por cañón, salvo en recintos con pendientes medias superiores al 10 % o de superficie inferior a una hectárea cuando no sean colindantes con otros recintos de la misma explotación; y en la explotación entera cuando el resto de los recintos de la explotación (descontados aquellos incluidos en la excepción anterior y los pastos comunales) representen una superficie inferior al 50 % de la superficie total neta de la explotación, o su conjunto no supere las 2 ha.

UPA ha advertido de que “seguirá trabajando para que la normativa tenga en cuenta las limitaciones de muchas explotaciones en las que su base territorial ofrece problemas a la hora de aplicar la normativa”.

ASAJA CRITICA LA NUEVA NORMATIVA SOBRE NUTRICIÓN SOSTENIBLE POR AUMENTAR LA CARGA BUROCRÁTICA EN EL CAMPO

Por su parte, desde ASAJA señalan que esta norma pactada con UPA y Unión de Uniones desoye las reivindicaciones del sector y supone una nueva carga burocrática para agricultores y ganaderos.

El Real Decreto, publicado en el BOE, establece nuevas obligaciones en materia de fertilización, entre las que destaca la obligación de contar con un plan de abonado a partir del 1 de enero de 2026 para las explotaciones en regadío cuyos cultivos se siembren o planten entre el 1 de marzo y el 30 de junio, y desde el 1 de septiembre de 2026 para el resto.

Además, el registro mensual de todas las labores de fertilización en el cuaderno de explotación, ya sea en papel o en formato digital, también será obligatorio desde el 1 de enero de 2026, con una serie de excepciones contempladas en la norma.

El asesoramiento técnico obligatorio en materia de fertilización será exigible un año después de esas fechas en las unidades de producción situadas en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, y dos años más tarde en el resto de zonas.

Asimismo, se modifican los requisitos relativos a la aplicación de estiércoles en determinadas zonas donde no es posible realizarla de forma localizada, salvo en parcelas de menos de una hectárea que no sean colindantes con otros recintos de la misma explotación. También se precisan los criterios sobre el cómputo de los pastos comunales en la superficie total de las explotaciones.

ASAJA lamenta que el Ministerio de Agricultura haya ignorado las propuestas de simplificación planteadas por la organización, entre ellas la de excluir de estas obligaciones a las explotaciones de regadío de hasta 15 hectáreas y a las de secano de hasta 30 hectáreas.

La organización agraria expresa además su preocupación por que esta norma abra la puerta a futuras inspecciones técnicas de abonadoras y aperos utilizados en fertilización, una medida que considera injustificada, dado que la mayoría de las zonas agrícolas ya cumplen la normativa de zonas vulnerables por contaminación de nitratos.

ASAJA también había solicitado suprimir la obligación de registrar la fertilización en un plazo máximo de un mes, por considerarla una presión burocrática innecesaria. En este sentido, la organización propuso que la aplicación del Real Decreto se retrasara hasta que el Ministerio publicara las guías de buenas prácticas en fertilización y pusiera en marcha un programa formativo para divulgarlas entre los agricultores y ganaderos.

Entre otras demandas, ASAJA reclamó la reducción de la burocracia para las personas que suministran estiércoles a terceros, el reconocimiento oficial por parte de las administraciones —central o autonómicas— de un programa informático gratuito que permita realizar los planes de abonado sin necesidad de contratar un asesor en fertilización, y la supresión del actual régimen sancionador, que prevé la aplicación simultánea de hasta siete leyes, dos reales decretos y las normativas autonómicas correspondientes, sin perjuicio de posibles responsabilidades civiles, penales, medioambientales o de otro orden.

ASAJA insiste en que el sector agrario ya cumple sobradamente los estándares medioambientales exigidos por la Unión Europea y considera que esta nueva normativa no aporta soluciones reales, sino que incrementa los trámites, costes y cargas administrativas para los profesionales del campo.