Carlota Sánchez Garrudo y Helena Suárez Alemán
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Cuatrecasas
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado el trámite de consulta pública previa para la elaboración de una futura Ley reguladora de la Agricultura Familiar. Se trata de una propuesta normativa que responde a una demanda sostenida por parte de numerosos agricultores, ganaderos y organizaciones representativas del sector, como la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), y que busca dotar de reconocimiento y apoyo institucional a un modelo productivo con un papel esencial en la vertebración del territorio, la sostenibilidad del sistema agroalimentario y el equilibrio demográfico del medio rural.
Con este procedimiento se pretende garantizar una elaboración normativa más transparente y participativa, permitiendo incorporar tempranamente en el proceso legislativo las propuestas de quienes se verán afectados por una ley clave en la regulación de la política agraria nacional de los próximos años. El momento elegido no es casual: la nueva legislatura europea (2024–2029) será el escenario de diseño de la próxima Política Agrícola Común (PAC), que entrará en vigor a partir de 2028.
En este contexto, contar con una norma estatal que regule y fomente la agricultura familiar refuerza la posición de España y permite alinear sus prioridades con los objetivos de la Unión Europea en materia de sostenibilidad, cohesión territorial y desarrollo rural.
EVOLUCIÓN Y DESAFÍOS DEL MEDIO RURAL
La propuesta de nueva ley parte de un diagnóstico compartido por las principales fuentes estadísticas y estudios sectoriales. El Censo Agrario de 2020 refleja una reducción del 7,6 % en el número de explotaciones agrarias respecto a 2009, especialmente entre las de menor tamaño, mientras que la superficie agrícola utilizada se mantiene estable. Este dato apunta a una tendencia hacia explotaciones de mayor dimensión, muchas de ellas gestionadas a través de figuras jurídicas empresariales, cuya presencia ha ido aumentando progresivamente. Estas estructuras han contribuido, en muchos casos, a la modernización del sector y a su adaptación a un entorno competitivo y globalizado.
Sin embargo, este proceso convive con otro fenómeno: el envejecimiento del campo. Según los mismos datos, el 41 % de los titulares de explotaciones tienen más de 65 años, lo que evidencia un relevo generacional insuficiente y plantea interrogantes sobre la continuidad de muchas explotaciones, en particular aquellas de carácter familiar. A esto se suma el progresivo descenso de la población en entornos rurales, especialmente en municipios de entre 5.000 y 30.000 habitantes, cuya pérdida demográfica ha sido del 5,2 % en la última década. Estos factores dibujan un escenario que exige políticas públicas específicas para favorecer la permanencia y la incorporación de nuevos activos al sector.
HACIA UN NUEVO MARCO NORMATIVO ARMONIZADO
El marco jurídico vigente en materia agraria se apoya fundamentalmente en la Ley 19/1995, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, que supuso un avance significativo en su momento, pero hoy requiere una actualización que responda a los retos sociales, económicos y tecnológicos del sector. A ello se suma una creciente complejidad normativa, fruto de la interacción entre la PAC, el Plan Estratégico Nacional (PEPAC), las normas autonómicas y los desarrollos reglamentarios estatales, que ha generado una falta de cohesión en las políticas de apoyo a la agricultura familiar.
Ante la ausencia de una norma estatal específica, varias comunidades autónomas han legislado en esta materia. Destacan iniciativas como la Ley 9/2023 de Castilla-La Mancha, que incluye medidas como los Bancos de Tierras, o la Ley 6/2023 de Aragón, que establece criterios de reconocimiento para explotaciones familiares. Pese a su valor, estas normas presentan diferencias que dificultan una política homogénea a escala nacional.
La futura Ley de Agricultura Familiar aspira a cubrir ese vacío, dotando al modelo de un reconocimiento legal claro y estableciendo instrumentos que garanticen su continuidad. Entre sus ejes fundamentales se encuentran: definir legalmente la explotación familiar, vincularla al territorio rural y orientar políticas públicas hacia su sostenibilidad económica, social y ambiental.
El texto podría fomentar este modelo mediante la concesión de ayudas públicas, facilitando el acceso a la tierra, promoviendo la digitalización y el relevo generacional (con especial atención a jóvenes y mujeres) y compatibilizando la actividad agraria con la implantación de energías renovables, siempre garantizando el interés general.
Por todo lo anterior, la tramitación de una Ley estatal de Agricultura Familiar se enmarca en un contexto de transformación del medio rural y del sistema agroalimentario, así como en la necesidad de adaptar el marco normativo vigente a los nuevos desafíos del sector. Su elaboración, actualmente en fase de consulta pública previa, abre un proceso para ordenar y coordinar las políticas de apoyo a este modelo productivo en el conjunto del ordenamiento jurídico español.
