La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), Isabel García Tejerina, ha asegurado que la promulgación de la Ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria y el conjunto de sus instrumentos ha supuesto un avance sin precedentes en las relaciones entre los operadores.

Según recalcó la Ministra, se trata de un hito histórico para el sector agroalimentario español, y por tanto, para la economía nacional. Por primera vez en España se ha procedido a regular las relaciones comerciales entre las empresas que forman parte de la cadena alimentaria, con el respaldo de las organizaciones agrarias, la industria alimentaria y una parte importante de las empresas de la distribución.
En respuesta a una pregunta del senador Diego Sánchez Duque, García Tejerina señaló que en el año 2012 eran muy frecuentes las transacciones en las que el productor entregaba su cosecha sin garantía sobre la cuantía del precio ni del plazo de cobro, situaciones que perjudicaban a los agricultores y ganaderos españoles.

Para corregir esta situación, el Gobierno impulsó la ley de la cadena alimentaria, que ha establecido el marco para unas relaciones comerciales de mayor equidad, con sistemas de control, seguimiento y vigilancia que permiten identificar, corregir y sancionar los problemas que se pudieran producir.

En concreto, García Tejerina indicó que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) es el organismo creado para garantizar el cumplimiento de esta ley, para lo que realiza inspecciones de oficio, investiga denuncias e inicia e instruye expedientes sancionadores. “Desde 2013, el sector tiene dónde denunciar, tiene quien defienda sus legítimos intereses”, subrayó.

Así, desde 2014 AICA ha llevado a cabo 1.748 inspecciones de oficio (541 en el año 2016). Asimismo, ha recibido y tramitado desde entonces 149 denuncias (53 en 2016), de las que 98 corresponden a posibles incumplimientos de la ley y 51 a posibles casos de “venta a pérdidas”, no regulado en esta ley pero de lo que AICA da traslado a las comunidades autónomas, competentes en la materia. Además, García Tejerina ha señalado que se han impuesto 347 sanciones (56 en el año 2016).

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