Las organizaciones que representan a toda la cadena de valor agroalimentaria, sector primario, industria, distribución, hostelería y restauración, en concreto ASAJA, COAG, UPA, COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS, FIAB, PROMARCA, AECOC, ANGED, ASEDAS, ACES, FEHR y MARCAS DE RESTAURACIÓN, han emitido un comunicado conjunto en el que consideran que el Gobierno debe presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto a las bebidas azucaradas aprobado en Cataluña el pasado mes de mayo.

Según un informe técnico elaborado por Uría y Menéndez, este impuesto vulnera la libre circulación de mercancías, la unidad de mercado, y el principio de igualdad y no discriminación. Las organizaciones mencionadas han remitido el informe al presidente del Gobierno.

En concreto, en el documento se señala que esta medida no es conforme con las exigencias y limitaciones del principio de territorialidad fiscal o tributaria y establece desincentivos a la deslocalización de empresas de distribución. Además, presenta similitudes con el IVA, por lo que vulnera la prohibición de equivalencia o de doble imposición. El estudio también advierte de que este tributo afecta a la seguridad jurídica, conculca el principio de igualdad y no discriminación y es contrario al principio de capacidad.

Las organizaciones firmantes representan en su conjunto más del 20% del PIB nacional y dan empleo a más de 5 millones de personas, casi el 30% del empleo total del país. Por eso, consideran que el impuesto no solo es perjudicial para las empresas afectadas, sino que abre una vía que puede generar distorsiones en un sector estratégico como es el de gran consumo.

Además, desde FIAB destacan que “la evidencia científica sobre la idoneidad de imponer cargas impositivas sobre alimentos y bebidas es contradictoria y limitada. La excusa de salud, que supuestamente motiva esta medida, no tiene razón de ser ya que no se puede confirmar ni por razones científicas, jurídicas, económicas ni sociales”.

Por su parte, las organizaciones del sector agrario advierten de que el impuesto podría suponer un desincentivo a la producción de remolacha en España, un cultivo estratégico para nuestro país.

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