El subsecretario de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Jaime Haddad, ha presentado el plan de medidas de la Administración General del Estado para paliar los efectos de la sequía en la agricultura y la ganadería. Las medidas se estructuran en cinco grupos: en torno al seguro agrario, la fiscalidad, el acceso a la financiación, la PAC y las incluidas en el Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, que incluye exenciones del pago de tasas y cánones de riego y el aplazamiento de la cuota de la seguridad social.

En lo que se refiere al seguro agrario, Agroseguro se ha comprometido a agilizar las peritaciones, para lo cual contará con 373 peritos en todo el territorio, para que estén finalizadas en agosto y los productores puedan cobrar lo antes posible las indemnizaciones. Además, las parcelas aseguradas en el seguro de explotaciones de cultivos herbáceos extensivos que no tengan viabilidad, tendrán la posibilidad de realizar el aprovechamiento en verde.

En cuanto a la fiscalidad, las producciones afectadas por adversidades climáticas tendrán una reducción en los módulos del IRPF.

Respecto a la financiación, el pasado 5 de junio se publicó una Orden de ayudas que facilitará el acceso a créditos de liquidez a las explotaciones agrarias afectadas por la sequía. Esta línea contempla subvenciones de hasta el 100% del coste de los avales concedidos por la Sociedad Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) y un volumen de crédito máximo de 90 millones de euros, que será ampliable en caso de agotarse. Además, el Ministerio ya está tramitando una nueva orden de ayudas.

En cuanto a las ayudas de la PAC, el Ministerio, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), ha solicitado a la Comisión el adelanto del 70% de las ayudas directas de la PAC y el 85% de las de desarrollo rural, lo que supone más de 3.000 millones de euros a nivel nacional.

Además, se va a añadir una disposición en el Real Decreto por la que se declara la situación de sequía en el Duero. Así, el Ministerio reconoce que se trata de un fenómeno climático adverso asimilable a un desastre natural (por provocar daños que destruyen más del 30% de la producción anual media). De esta forma, las condiciones de cumplimiento de los requisitos para cobrar el “pago verde” y las medidas agroambientales serán más flexibles.

Por último, el Subsecretario ha explicado las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio.

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