La totalidad de la flota atunera española agrupada en la Organización de Productores de Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC) cuenta con el certificado "Atún de Pesca Responsable" (APR), cuyo esquema de certificación ha sido desarrollado por AENOR.

De esta forma, todas las capturas de atún tropical de nuestra flota (400.000 toneladas, el 8% del volumen mundial) tienen la garantía de ser una actividad pesquera respaldada por las mejoras prácticas en una triple vertiente socioeconómica, medioambiental y de control.

Para dar a conocer este certificado, OPAGAC está asistiendo a los principales foros internacionales que trabajan en la erradicación de la pesca ilegal. Recientemente ha acudido a Londres, a la reunión impulsada por la Seafood Alliance for Legality and Traceability (SALT), y tiene previsto volver a exponer su modelo de pesca responsable de atún tropical de nuevo en la capital británica, y luego en Bruselas, Bangkok y Barcelona.

El certificado APR comienza a ser percibido como el referente para promover la sostenibilidad social en la pesca internacional, debido a que contempla la vertiente sociolaboral. Es el único del mundo que integra las condiciones de trabajo a bordo, acordes al Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como una variable fundamental para distinguir una actividad pesquera socialmente sostenible y responsable, aspecto que no tiene en cuenta ninguna de las ecoetiquetas más extendidas, incluida la certificación de la organización Marine Stewardship Council (MSC).

La flota pesquera atunera española prevé que este año y 2019 van a significar un punto de inflexión para la pesquería de atún tropical, una de las más castigadas por la injerencia de flotas ilegales en todo el mundo. De hecho, la FAO calcula que actualmente una gran cantidad de tripulantes trabajan en condiciones que no respetan los derechos básicos y siguen siendo numerosos los casos denunciados por organismos internacionales y ONG por trato inhumano o prácticas de trabajo infantil, en flotas de países como Corea del Sur, Tailandia, Turquía, Rusia o Nueva Zelanda. De acuerdo con la FAO, la pesca IUU mueve un negocio mundial de entre 9.000 y 23.000 millones de dólares.

A este respecto, Julio Morón, director gerente de OPAGAC, asegura: "La sostenibilidad del atún tropical no se podrá garantizar en su totalidad hasta que la cadena comercial se implique y permita al consumidor final seleccionar y elegir un producto con garantías".

También añade que "la implicación de toda la cadena de valor del producto evitará, por ejemplo, que la UE importe materia prima procedente de pesquerías deshumanizadas e ilegales para el consumo de los ciudadanos europeos. No podemos tolerar la existencia de flotas que comercializan sus capturas de atún con una ecoetiqueta cuando las condiciones en las que viven y trabajan los tripulantes de sus buques están muy lejos de respetar derechos sociolaborales básicos".

En este sentido, la flota atunera española valora la iniciativa de MSC para incorporar a su estándar los aspectos sociolaborales, pero considera insuficiente que la garantía descanse en una mera autodeclaración por parte de las flotas, y en su lugar defiende el modelo de auditoría por parte de una tercera parte externa.

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