El Parlamento Europeo ha aprobado el pacto con los Estados miembros para reducir las emisiones en un 30% en 2030 con respecto a los niveles de 2005. El nuevo reglamento establece objetivos nacionales de reducción (en el caso de España, del 26%) y es uno de los principales instrumentos de la Unión Europea para dar cumplimiento al Acuerdo de París.

La Eurodiputada que ha sido ponente por el Grupo Popular Europeo, Pilar Ayuso, ha afirmado durante el debate que el reglamento “dará cobertura a las medidas de los Estados miembros para mejorar la gestión forestal y agrícola, sustituir las calderas menos eficientes de los edificios, reducir la eliminación de residuos en vertederos o promover tecnologías de transporte menos contaminantes”. En definitiva, el reglamento es uno de los principales instrumentos para la realización de la transición hacia un sistema económico con muchas menores emisiones de CO₂.

Este reglamento contiene los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero de los Estados miembros en 2030, en cumplimiento del Acuerdo de París, para los sectores con emisiones de origen difuso: agricultura, transporte, residuos y edificios, principalmente. El objetivo global de la UE para estos sectores es de una reducción del 30% en 2030 con respecto a las emisiones de 2005 (las emisiones procedentes de la generación de energía o de la industria, en cambio, se rigen por un mecanismo diferente, el de comercio de emisiones).

El reglamento establece también elementos de flexibilidad para el cumplimiento anual de dichas trayectorias, ya que los Estados miembros tienen diferentes retos sociales, ambientales, energéticos o industriales. Asimismo, prevé mecanismos para el control y acciones correctivas en caso de que los Estados miembros no hagan esfuerzos suficientes o sus planes no sean efectivos.

La distribución de los objetivos nacionales se ha realizado por parte de la Comisión Europea teniendo en cuenta variables como el nivel actual de emisiones, el coste de las medidas a tomar o la flexibilidad del país para poder tomar medidas en diferentes ámbitos. Así, los países más pequeños podrán utilizar parte de los derechos de emisión asignados a la energía y la industria en los sectores difusos.

También se ha tenido en cuenta la renta per cápita de los Estados miembros. Así, España tiene un objetivo de reducción del 26% en 2030; pero los países con mayor renta tienen objetivos mayores: Alemania el 38%, Países Bajos el 36% o Luxemburgo el 40%. En este sentido, Pilar Ayuso ha señalado que se ha conseguido que “las nuevas normas tengan en cuenta la especial situación de los países más castigados por la crisis económica”.

Pilar Ayuso ha resaltado también “la importancia de que se puedan contabilizar las absorciones en el sector forestal para compensar emisiones”, en referencia a otro reglamento aprobado por la Eurocámara en el que se establecen las normas de cómputo de emisiones y absorciones en los sectores agrícola y forestal, principalmente. Actualmente determinados cultivos con alto contenido de madera (olivos, vid) o los bosques actúan como depósitos naturales de CO₂. Las medidas aprobadas por el Parlamento permitirán la contabilización de estos depósitos como absorciones de CO₂, compensando así las emisiones.

Para ello será necesario poner en marcha estrictos planes y sistemas de cómputo sólidos. España ha sido durante las últimas décadas el país en el que más ha crecido la superficie forestal de la Unión Europea. La contabilización de los sumideros de carbono puede beneficiar a nuestro país mediante la compensación de emisiones en otros sectores en los que las reducciones son más complicadas, como la agricultura o el transporte.

La Eurodiputada popular ha felicitado también al Comisario de Clima y Energía, el español Miguel Arias Cañete, por su importante labor. Durante su mandato se han aprobado múltiples iniciativas para la transición energética que marcarán el camino a seguir durante el periodo 2021-2030.

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