Hacer un seguimiento del progreso realizado, garantizar una financiación orientada a resultados concretos o poner en marcha un planteamiento a la medida de cada Estado son algunas de las propuestas con las que la UE pretende reformar la Política Agraria Común.

El Parlamento Europeo acaba de adoptar un informe que sienta las bases de la modernización de la PAC a partir de 2020. El objetivo es que la política agrícola europea sea más flexible, equitativa y sostenible. Para ello quieren establecer unas normas más sencillas que supongan un apoyo para los agricultores y que lideren el desarrollo sostenible de la agricultura dentro de la UE.

En una Comunicación titulada “El futuro de la alimentación y de la agricultura”, aprobada en noviembre por la Comisión Europea y revisada ahora por la Cámara, se señalan las bases que permitirán que la Política Agraria Común, la más antigua de la UE, mantenga su eficiencia en el futuro. Como principio: conceder a los Estados mayores responsabilidades para decidir cómo y dónde invertir la financiación de la PAC respetando los objetivos comunes de sostenibilidad medioambiental.

El futuro de la alimentación y de la agricultura en Europa

A pesar de que se mantiene la estructura de los dos pilares ­-las políticas de apoyo financiero a los agricultores y las políticas de desarrollo territorial-, en esta simplificación propuesta por el ejecutivo comunitario se fijaban unas medidas para alcanzar los objetivos acordados dentro de la UE. Después, cada Estado miembro elaboraría un plan estratégico propio que aprobaría la Comisión, donde describiría cómo prevé conseguir los objetivos en cuestión. Sustituir un planteamiento igual para todos por un planteamiento adaptado a cada uno permitiría que hubiese una mayor proximidad entre esta política y su aplicación sobre el terreno. En cuanto a la financiación, se mantendría la ayuda a los agricultores a través del sistema de pagos directos, pero la Comunicación exploraba también algunas posibilidades para sostener de forma más adecuada y equitativa la renta de los trabajadores del campo.

Otras propuestas incluidas en el informe del mes de noviembre son el fomento del uso de tecnologías modernas para asistir a los agricultores sobre el terreno y aportar al mercado una mayor transparencia y seguridad; alentar a los jóvenes a que se dediquen a la actividad agraria; dar respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos en relación con la producción agrícola sostenible, abarcando también cuestiones como la salud, la nutrición, el derroche de alimentos y el bienestar animal; establecer una concertación entre las políticas de la UE en relación con su dimensión mundial, especialmente en los ámbitos de comercio, migración y desarrollo sostenible, y crear una plataforma a escala de la UE sobre la gestión de riesgos para ayudar a los agricultores a hacer frente a los desafíos climáticos o económicos, entre otros.

Más flexibilidad, pero normas comunes

Tras el informe del ejecutivo, a finales de mayo llegó el turno del Parlamento, que acogió con satisfacción la propuesta de simplificar y adaptar la PAC a las necesidades de los países. Sin embargo, los eurodiputados han rechazado cualquier renacionalización de la política agraria porque podría distorsionar la competencia e impactar negativamente sobre los consumidores. También quieren garantizar que se respeten los mismos estándares de alta calidad en toda la UE. En el informe adoptado en respuesta a la Comunicación de la Comisión, los europarlamentarios han desestimado además el recorte de fondos propuesto para el sector agrícola, pues consideran que pondría en peligro los ingresos y frenaría la innovación y la competitividad. El eurodiputado italiano Herbert Dorfmann, responsable del texto parlamentario, dijo ante la Cámara que lo primero es decidir qué tipo de agricultura se quiere para Europa y también que la reducción de la financiación debido al Brexit no la pueden pagar los agricultores.

Aunque la futura política agrícola de la UE pretenda promover el rendimiento en lugar del cumplimiento, las actividades agrícolas en todos los Estados miembros tendrán que atenerse a las mismas normas, y no cumplirlas conllevará sanciones, aseguran desde la Cámara.

La PAC después del Brexit. ¿Y ahora, qué?

Mantener la financiación al nivel actual es otro de los caballos de batalla de los europarlamentarios, pues consideran imprescindible que la política agraria comunitaria impulse la innovación, la investigación y la implantación de técnicas de última generación. El Parlamento pide también que se sigan financiando los pagos directos con cargo al presupuesto de la UE, pero que se establezca un nuevo método para calcular estos pagos con el fin de eliminar los criterios de ayuda históricos. Reclaman además una distribución más justa del dinero entre los Estados miembros teniendo en cuenta los costes de producción y el poder adquisitivo. Consideran importante que tanto las ayudas de la Unión como las nacionales se utilicen para compensar los efectos de los acuerdos de libre comercio. Rechazan el recorte propuesto del 25% para los fondos de desarrollo rural y piden reducir la burocracia vinculada a medidas medioambientales obligatorias y enfocarlas hacia los resultados. 

El Parlamento Europeo aprobó la semana pasada esta resolución no vinculante como respuesta al documento de la Comisión publicado en noviembre. La reforma de la PAC a partir de 2020 está ligada al próximo presupuesto de la UE a largo plazo, posterior al Brexit, y será decidida conjuntamente por el Parlamento y el Consejo.

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